24/03/1976
EL COMIENZO DEL TERROR..
Madrugada del 24 de Marzo.
El país no estaba bien. Inflación, crisis sindical, violencia, y un sensación de ingobernabilidad real.
Pero lo que se iniciaba esa fatidica noche seria peor. Comenzaba el mayor genocidio de la historia nacional. El terrorismo de estado ocupaba los sillones. El plan de exterminio estaba en marcha.
La Argentina y los argentinos nunca serian los mismos.
Entre 1976 y 1983 miles de personas fueron secuestradas, torturadas, desaparecidas, y ejecutadas, con procedimeitos tomados de la Doctrina de Seguridad Nacional. Ya no se hablaba de aniquilar el "accionar" de los elementos subersivos, sino aniquilar a los individuos.
Crítica de la Argentina
El gobierno militar se propuso transformar de raíz la sociedad argentina. No se trataba simplemente de corregir una política económica, de derrotar a la guerrilla o de resolver una crisis institucional. Para ello hubieran bastado algunos cambios dentro de la legalidad constitucional. Lo que para la Junta Militar estaba en cuestión era la existencia misma de una nación. Para resolver esta crisis, entonces había que “reorganizar” la sociedad argentina, en un “proceso” que no tenía “plazos” sino “objetivos”. Había que crear un "ser occidental, nacional y cristiano".
Esta “reorganización” tuvo expresiones concretas: represión política y social, desarticulación de las bases de la economía industrial y ejercicio autoritario del poder. Finalmente, culminó con la derrota militar en la Guerra de las Malvinas.
La represión ilegal —que tuvo su apogeo entre 1976 y 1978— fue uno de los rasgos básicos del gobierno militar. La ilegalidad no fue tal sólo por haber sido llevada a cabo por un gobierno de facto sino porque incluso se violó la legalidad establecida por ese gobierno. La represión, cuidadosamente planeada, organizada y dirigida por los más altos niveles de decisión política y militar, fue, al mismo tiempo, clandestina. Sus destinatarios no fueron exclusivamente los integrantes de las organizaciones guerrilleras comprometidos con la lucha armada, sino que se extendió a un conjunto de actores sociales y políticos sin vinculación directa con las organizaciones guerrilleras.
El decreto N° 6 de la junta Militar suspendió “la actividad política y de los partidos políticos, en jurisdicción nacional, provincial y municipal”. La ley Nro. 21.261 dispuso ‘transitoriamente” la suspensión del “derecho de huelga, como así también el de toda otra medida de fuerza, paro, interrupción o disminución del trabajo o su desempeño en condiciones que de cualquier manera puedan afectar la producción, tanto por parte de trabajadores como de empresarios y de sus respectivas asociaciones u organizaciones”.
Las modalidades clandestinas de la represión incluyeron el secuestro y la detención en centros clandestinos —se verificó la existencia de más de trescientos—, la tortura y, en la mayoría de los casos, la ejecución. La Junta Militar implantó la pena de muerte. Sin embargo no la aplicó legalmente sino fuera de la ley. Como consecuencia de ello, surgió la figura jurídica de la desaparición forzada de personas —alrededor de diez mil casos comprobados, aunque algunas estimaciones triplican esa cifra—, incluyendo a personas detenidas y ejecutadas clandestinamente por las fuerzas de seguridad. Las consecuencias de la represión incluyeron también a la gran mayoría de la población, que vivió en un clima de miedo de censura.
El principio general que aseguró la participación de las tres fuerzas en el gobierno fue la distribución de la administración pública en todos sus niveles y modalidades —nacional, provincial, municipal, empresas del Estado, universidades— en partes iguales. Cada fuerza, o más precisamente, el cuerpo de oficiales de cada fuerza, se quedó con una tercera parte de los cargos públicos. Esta decisión -que revelaba la índole de las relaciones entre las fuerzas, caracterizadas por una profunda desconfianza— marcó también una diferencia entre el gobierno del “Proceso” y las anteriores intervenciones militares, que contaron con mayor peso de funcionarios civiles en la administración pública.
Esta “reorganización” tuvo expresiones concretas: represión política y social, desarticulación de las bases de la economía industrial y ejercicio autoritario del poder. Finalmente, culminó con la derrota militar en la Guerra de las Malvinas.
La represión ilegal —que tuvo su apogeo entre 1976 y 1978— fue uno de los rasgos básicos del gobierno militar. La ilegalidad no fue tal sólo por haber sido llevada a cabo por un gobierno de facto sino porque incluso se violó la legalidad establecida por ese gobierno. La represión, cuidadosamente planeada, organizada y dirigida por los más altos niveles de decisión política y militar, fue, al mismo tiempo, clandestina. Sus destinatarios no fueron exclusivamente los integrantes de las organizaciones guerrilleras comprometidos con la lucha armada, sino que se extendió a un conjunto de actores sociales y políticos sin vinculación directa con las organizaciones guerrilleras.
El decreto N° 6 de la junta Militar suspendió “la actividad política y de los partidos políticos, en jurisdicción nacional, provincial y municipal”. La ley Nro. 21.261 dispuso ‘transitoriamente” la suspensión del “derecho de huelga, como así también el de toda otra medida de fuerza, paro, interrupción o disminución del trabajo o su desempeño en condiciones que de cualquier manera puedan afectar la producción, tanto por parte de trabajadores como de empresarios y de sus respectivas asociaciones u organizaciones”.
Las modalidades clandestinas de la represión incluyeron el secuestro y la detención en centros clandestinos —se verificó la existencia de más de trescientos—, la tortura y, en la mayoría de los casos, la ejecución. La Junta Militar implantó la pena de muerte. Sin embargo no la aplicó legalmente sino fuera de la ley. Como consecuencia de ello, surgió la figura jurídica de la desaparición forzada de personas —alrededor de diez mil casos comprobados, aunque algunas estimaciones triplican esa cifra—, incluyendo a personas detenidas y ejecutadas clandestinamente por las fuerzas de seguridad. Las consecuencias de la represión incluyeron también a la gran mayoría de la población, que vivió en un clima de miedo de censura.
El principio general que aseguró la participación de las tres fuerzas en el gobierno fue la distribución de la administración pública en todos sus niveles y modalidades —nacional, provincial, municipal, empresas del Estado, universidades— en partes iguales. Cada fuerza, o más precisamente, el cuerpo de oficiales de cada fuerza, se quedó con una tercera parte de los cargos públicos. Esta decisión -que revelaba la índole de las relaciones entre las fuerzas, caracterizadas por una profunda desconfianza— marcó también una diferencia entre el gobierno del “Proceso” y las anteriores intervenciones militares, que contaron con mayor peso de funcionarios civiles en la administración pública.
2 comentarios:
es muy importante que se difundan estos hechos históricos para que las generaciones que se vienen puedan estar más atentas a cualquier intento de usurpación por la fuerza de la representación nacional.
feliz día del trabajador de prensa amigas duendes.
las quiero.
................ charly esperanza.
Sí, está muy bueno que se recuerde y no se olvide el desastre que hubo y cuyas heridas aún no cerraron. Pero, justo un día después del 24 de marzo volvió a ocurrir una situación por lo pronto llamativa. La clase media acomodada salió a las calles para repudiar las medidas de un gobierno soberbio y bastante autoritario. De repente, como en aquel '82 de Malvinas, las banderas volvieron a flamear y la gente cantó el himno acompañado por "El Pueblo, unido, jamás será vencido". Después, los medios se divirtieron destrozando a los Piqueteros K de Luis D'Elía que supuestamente echaron al "Pueblo Unido" de la Plaza de Mayo. Si uno lo siguió por televisión, pudo darse cuenta que la gente se fue cuando ESTABA LLEGANDO el grupo oficialista. Es decir, nadie echó a nadie; aunque sí hubo algunas agresiones con los pocos que quedaron, agresiones totalmente repudiables.
Argentina, 32 años después, no sabe cómo vivir en Democracia. Los gobernantes son pedantes y utilizan una desgastada retórica de la memoria para embanderarce en vaya uno a saber qué demagogia peronista. Por otra parte, todavía el sentimiento de argentinidad y de preocupación social es bastante chato. Porque esa gente de clase media que llenó las calles apoyando al campo (de repente todos lo que vacacionan en Miami se reconocen como gauchos...) difícilmente lo hubiesen hecho por el reclamo de mejoras en los sectores obreros, el fin del trabajo en negro, el fin de los talleres clandestinos con esclavos, la aparición de Julio López, etc., etc. En fín, me parece muy bueno que salgan a apoyar al campo, pero que no sean hipócritas. El himno se canta tanto por un chacarero como por un tarefero que ni siquiera tiene bicicleta. El año pasado el Grupo Clarín no se preocupó en cortar su transmisión para seguir en vivo la protesta yerbatera y de la gente de la EBY. No, al parecer la justicia social, también es desigual.
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